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Tres claves: analizar la actividad y sus impactos, tener en cuenta la normativa estatal, autonómica y municipal del emplazamiento, y revisar la autorización cada vez que cambian procesos o producción.
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No hay un plazo único: depende del tipo de procedimiento (alegaciones, expediente sancionador, reclamación de daños o vía judicial), de los informes técnicos necesarios y de los recursos que se presenten.
Requerimientos, sanciones o incluso la limitación temporal de la actividad: por qué la revisión periódica de obligaciones y una documentación ambiental ordenada son la mejor prevención.
El documento técnico que identifica, previene y corrige los efectos de un proyecto sobre suelo, agua, aire, biodiversidad y paisaje, y cuándo lo exige la legislación de evaluación ambiental.
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